Sería una tragedia sin precedente si el país se convirtiera en un país minero a gran escala. Si no hubiera forma de detenerlo, y para que la minería aporte en algo a la reducción de la pobreza económica, y no destruya nuestras comunidades y medio ambiente, deben existir las siguientes mínimas condiciones:
- Respeto de los derechos humanos y colectivos, pero en especial el derecho a la consulta previa de las comunidades, pueblos indígenas y gobiernos locales, y del derecho de éstos a rechazar proyectos extractivos. El estado debe hacer prevalecer el derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación por encima de otros derechos.
- Bajos niveles de corrupción (este es uno de los requisitos más importantes).
- Leyes o mecanismos que regulen el poder económico de las empresas mineras.
- Prohibir el tráfico de concesiones mineras y exigir que solo empresas responsables adquieran concesiones mineras.
- Instituciones gubernamentales fuertes y transparentes para enfrentar el poderío de las empresas.
- Eficaces leyes ambientales y mineras, con la gestión ambiental de la industria en manos del Ministerio del Ambiente, compartida con los gobiernos locales y la sociedad civil.
- Capacidad institucional adecuada para ejecutar y darle seguimiento al cumplimiento de las leyes y sus reglamentos.
- Regímenes fiscales racionales que garanticen adecuadas rentas para el país y las comunidades aledañas a los proyectos.
- Rubros provenientes de la minería ingresen al presupuesto general (no al Ministerio).
- Alzar substancialmente los patentes para la exploración y explotación para que sea el estado o la sociedad civil quien elabore los EIA (independizar esta labor de las empresas).
- Exigir adecuadas garantías económicas antes del inicio de actividades mineras para cubrir costos de rehabilitación.
- Respetar áreas de valor cultural, turístico, biológico, e hídrico.
- Cero minería en áreas protegidas, bosques nublados, paramos y otras áreas ecológicas de importancia (en especial que protegen los recursos agua y biodiversidad).
- Una visión de desarrollo más sano, incluyendo políticas estatales orientadas a reducir la pobreza, y no de beneficiar a las empresas (esto incluye cosas como la reinstitución de las regalías, pagos de aranceles, etc.).
- Permitir la participación estatal en proyectos mineros.
- Mecanismos de fiscalización liderados por la sociedad civil.
- Capacidad industrial para agregar valor a los productos minerales en el país.
- La existencia de políticas estatales que impulsen y apoyen decididamente el desarrollo sustentable, y que dejen como última opción a la minería a gran escala.
Es obvio que el Ecuador está muy lejos de contar con estas mínimas condiciones, razón por la cual se vuelve tan irresponsable impulsar esta actividad. Pero, cuidado en pensar que si mañana el estado se convierte en minero, o que si se modifican los regímenes tributarios, será suficiente para transformar a esta industria en "buena para el país". El comercio de minerales se mueve principalmente dentro de estructuras globales gobernadas por ciertos mandatos. Uno de ellos es de proveer a industrias manufacturas con minerales a precios bajos.
Esto conlleva implicaciones muy importantes. Una de las más peligrosa es que se considera implícito al "derecho a contaminar" como una forma de abaratar los costos de producción (o, en términos económicos, de no hacerse cargo de las "externalidades"). Bajo este esquema global, la minería no hará sino enriquecer los sectores nacionales e internacionales que siempre se han beneficiado del saqueo de recursos de los países del Sur.